CETRAA aborda con el director general de la Policía Nacional el problema de los talleres ilegales

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La Confederación Española de Talleres (CETRAA) ha mantenido un encuentro con la Policía Nacional para identificar vías de colaboración en su lucha contra los talleres ilegales. En la reunión participaron Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, Antonio Atiénzar, miembro del Comité Ejecutivo y presidente de APETREVA (CETRAA Albacete), y Ana Ávila, secretaria general de la Confederación.

talleres ilegales
Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional, junto a Antonio Atiénzar, miembro del Comité Ejecutivo de CETRAA.

El encuentro entre ambas entidades responde a la vinculación existente, en muchos casos, entre este tipo de establecimientos y algunos delitos como la manipulación del cuentakilómetros, el desmontaje y la venta de piezas y coches robados. “Llevar a cabo reuniones como esta es fundamental para intercambiar impresiones con las diferentes fuerzas del orden, cuya labor es crucial, sobre la situación actual y adoptar decisiones de manera conjunta que contribuyan a acabar con esta lacra que tantos perjuicios ocasiona a la sociedad”, subrayó Antonio Atiénzar.

La patronal, que tiene la lucha contra el intrusismo en el sector como una de sus prioridades, incide en que aún queda mucho camino por recorrer para conseguir su erradicación. Por ello, subraya que las estimaciones ponen de manifiesto que aproximadamente el 20% de los talleres que operan en España es ilegal, siendo más de 9.000 los que actúan al margen de la ley.

Asimismo, la Confederación enfatiza que la existencia de talleres clandestinos origina riesgos para la seguridad vial por la dudosa calidad de las reparaciones y de los materiales y recambios utilizados, afecta al derecho del usuario a la garantía de la reparación, y pone en peligro el medioambiente al desconocerse el destino de los residuos tóxicos que genera este tipo de actividad, entre otros problemas.

Finalmente, CETRAA destaca también que los talleres ilegales representan un gran foco de economía sumergida. La Confederación cifra en más de 3.500 millones de euros las pérdidas económicas provocadas en el sector, como ya trasladaron representantes de la patronal a la Oficina Nacional de lucha Contra el Fraude a finales del año pasado.