La Unión Europea (UE) está planeando volver a retrasar un año más el Reglamento Europeo sobre Deforestación (EUDR) –Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación–, que busca cerrar el mercado a productos procedentes de tierra deforestada, y que afecta, entre ellos, a la trazabilidad del caucho para fabricar los neumáticos, según ha anunciado la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall. Tal y como puntualmente informó ‘Europneus’ el pasado 24 de diciembre, la UE ya acordó aplazar un año la entrada en vigor del Reglamento EUDR “aplicable el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las microempresas y las pequeñas empresas”. Ahora, tras el nuevo aplazamiento que se baraja, “el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE deben aprobar el retraso”, como señaló Roswall.
Una información de Carlos Barrero
Para más señas, la propia Comisión Europea ha anunciado su plan para retrasar otro año más la aplicación de la ley de deforestación importada hasta diciembre de 2026, tras las presiones de países y empresas dada su preocupación para poder implementarla. Así, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, recordó que Bruselas ya había retrasado la ley un año, pero reconoció que “a pesar de nuestros esfuerzos para simplificar los procesos de control, creemos que no podemos prescindir de ello sin afectar a nuestras empresas y cadenas de suministro, y nos preocupa el sistema informático, dada la cantidad de información a introducir. Por eso, de acuerdo con los colegisladores, solicitaremos un nuevo aplazamiento de un año”.
En línea similar se ha pronunciado el portavoz comunitario Olof Gill, reconociendo que una de las principales razones de Bruselas para retrasar la aplicación del Reglamento EUDR es la de “evitar la incertidumbre de las autoridades y las dificultades operativas. Aunque nuestros esfuerzos de simplificación han sido considerables, hemos llegado a la conclusión de que no podemos cumplir el plazo original sin causar problemas en nuestras empresas y cadenas de suministro. En concreto, tenemos serias preocupaciones en cuanto a la capacidad del sistema informático, dada la carga prevista”.
Además, Gill ha reconocido que en el caso particular de las empresas este nuevo aplazamiento “permitirá intentar solucionar los riesgos identificados, incluido el diseño del sistema informático en términos de la capacidad necesaria. El objetivo principal es que la ley pueda aplicarse a partir de 2026 de forma sencilla y viable”.
Al parecer, países de la UE, como Polonia y Austria, han afirmado que los productores europeos no pueden cumplir con sus normas de trazabilidad y la propia Roswall, en una carta dirigida al presidente de la comisión de medio ambiente del Parlamento Europeo, le habría afirmado que “la Comisión temía que el sistema informático corriera el riesgo de ralentizarse a niveles inaceptables, lo que podría perturbar el comercio”.
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