La patronal de concesionarios Faconauto ha instado al Gobierno y a las fuerzas parlamentarias a articular un acuerdo político transversal que asegure estabilidad normativa y previsibilidad regulatoria en el sector, durante el Congreso Faconauto 2026 celebrado en Ifema Madrid. El encuentro reunió a más de 2.000 profesionales y 70 empresas patrocinadoras bajo el lema «Tú decides».
La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, señaló que 2025 marcó un punto de inflexión tras cinco años de contracción del mercado, presión regulatoria y transformación tecnológica. En este periodo, España perdió 1,8 millones de matriculaciones —equivalentes a un año y medio de ventas—, si bien el sector ha experimentado una recuperación consolidada en el último ejercicio.
Los datos de 2025 reflejan esta evolución: la red alcanzó los 2.255 concesionarios, la cifra más alta de la última década; la facturación creció un 10,9% hasta los 53.662 millones de euros; el empleo directo aumentó en 2.500 personas, situándose en 166.300 trabajadores; y la rentabilidad media se situó en el 1,47% sobre facturación. En el conjunto del quinquenio, el sector generó 14.075 empleos netos.
Blázquez destacó que, pese al entorno adverso, la distribución oficial ha reforzado su tejido mediante procesos de concentración empresarial, entrada de nuevas marcas y alianzas con socios financieros, energéticos, aseguradores y tecnológicos. «Nadie pone en duda que la fórmula más eficaz, rentable y favorable para el comprador es a través de los concesionarios», afirmó, reivindicando el valor de una red profesional en un momento en que el cliente demanda certidumbre.
Un pacto sobre la base del Plan Auto 2030
La patronal propone articular el acuerdo político sobre la base del Plan Auto 2030, reforzándolo para consolidar un marco estratégico que garantice continuidad, coordinación territorial y coherencia regulatoria. Los ejes prioritarios identificados son: política industrial y manufactura con foco en producción e I+D+i; garantía de energía competitiva y despliegue efectivo de infraestructuras de recarga; refuerzo de la formación profesional y relevo generacional; simplificación administrativa para pymes; actualización de la fiscalidad como palanca para renovar el parque; impulso a la transformación del transporte pesado; y activación del plan nacional de renovación previsto en la Ley de Movilidad Sostenible.
Blázquez advirtió de que las decisiones regulatorias «llegan demasiadas veces a trompicones» y subrayó que la transformación del sector exige inversiones plurianuales solo viables con estabilidad normativa. «Sin el automóvil, España se para», concluyó, defendiendo que el acuerdo no responde a una demanda sectorial, sino a «una apuesta estratégica por la competitividad, la cohesión territorial y la autonomía industrial del país».
